PODER POPULAR

En mayo, la República de Irlanda votó por una aplastante mayoría a favor de eliminar la prohibición del aborto, medida que obtuvo el 66,4 % de los votos, frente a un 33,6 % en contra. Debido a la Octava Enmienda, que otorga el mismo derecho a la vida a una madre y su hijo nonato, el aborto era inconstitucional. La consulta para derogarla allanó el camino para que el Dáil (el Parlamento irlandés) legisle a favor del cambio, que entrañaría la adopción de un régimen mucho más liberal. El resultado puso de manifiesto que la ciudadanía irlandesa "confía en las mujeres y las respeta para que tomen sus propias decisiones y elijan por sí mismas". Este momento sigue a otro hito histórico en 2015, cuando el país votó en un referendo a favor de legalizar el matrimonio homosexual.

En septiembre, el Tribunal Supremo de la India emitió un fallo histórico en que dictaminó, por unanimidad, la despenalización del sexo homosexual. Una sala compuesta por cinco jueces votó a favor de derogar una ley del período colonial que contaba 160 años y que prohibía el sexo practicado "contra natura". Según el fallo, esta ley constituía un acto de discriminación por motivos de orientación sexual y era inconstitucional. El fallo, que se produjo tras 24 años de batallas jurídicas, dio lugar a importantes celebraciones entre las comunidades LGBT en todo el país y otros colectivos afines.

En noviembre, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. La resolución fue aprobada con 119 votos a favor, 7 votos en contra y 49 abstenciones. Este es un avance significativo en la lucha de La Vía Campesina, el mayor movimiento campesino del mundo, que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones de todo el mundo, como FIAN y CETIM. La Declaración de la ONU persigue proteger mejor los derechos de todas las poblaciones rurales, incluidos campesinos, pescadores, nómadas, trabajadores agrícolas y pueblos indígenas, así como sus condiciones de vida, además de fortalecer la soberanía alimentaria, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. La aprobación de la Declaración también contribuye de manera importante a las iniciativas de la comunidad internacional para fomentar la agricultura familiar y campesina.

En noviembre, el Tribunal Superior de Sudáfrica determinó que el Ministerio de Recursos Naturales deberá obtener el consentimiento pleno y formal de la comunidad de Xolobeni antes de otorgar derechos mineros. Este fallo llegó tras una sentencia anterior del Tribunal Supremo, que había concluido, por unanimidad, que las empresas mineras no pueden desalojar de sus tierras a los propietarios y los ocupantes legítimos de estas, incluso aunque a la empresa se le hayan concedido derechos mineros para explotar la tierra en cuestión. Estos fallos, aunque se encuentren en proceso de apelación, han establecido un precedente muy importante y han supuesto un gran impulso para las comunidades afectadas por la minería.

En enero, el Gobierno francés abandonó sus planes para construir un nuevo aeropuerto que tendría un coste de 580 millones de euros (650 millones de dólares) en el oeste de Francia. La decisión del Gobierno supuso una gran capitulación y una tremenda victoria para los cerca de 300 "resistentes" que vivían en el terreno destinado al aeropuerto y que lo habían convertido en una Zona para Defender, ZAD. En 2012, un intento de desalojar a los ocupantes —también conocidos como "zadistas"—, en el marco de la Operación César, provocó enfrentamientos entre estos y 2000 gendarmes de la policía. Tras las críticas que generaron las escenas de violencia entre la opinión pública, el Gobierno dio marcha atrás. El terreno volverá a recuperar su uso agrícola.

En octubre, Canadá dio un paso en contra de la ortodoxia predominante y se convirtió en el segundo país del mundo, después de Uruguay, en regular el uso del cannabis con fines no médicos. El país ya reguló el cannabis medicinal en 2001. La decisión de Canadá forma parte de una tendencia internacional a favor de la regulación. Noruega ha despenalizado todas las drogas y varios estados de los Estados Unidos han adoptado regímenes más tolerantes con respecto al cannabis. En 2018, 21 estados estudiaron proyectos de ley que regularían el uso del cannabis entre personas adultas, mientras que, en Europa, países como Luxemburgo han dado pasos para acabar con la prohibición.

En abril, el Gobierno de Nueva Zelanda anunció que no otorgará nuevos permisos de prospección petrolífera en alta mar, una decisión alabada por grupos ambientales como una victoria histórica en la batalla contra el cambio climático. La prohibición se aplicará a los nuevos permisos y no afectará a los 22 vigentes, algunos de los cuales gozan de derechos de prospección durante varias décadas más y abarcan una superficie de 100 000 kilómetros cuadrados. La primera ministra, Jacinda Ardern, señaló que su Gobierno "tiene un plan para la transición hacia un futuro sin emisiones de carbono y que se anticipa 30 años".

En octubre, la Corte Suprema de Perú aceptó el recurso de Walter Aduviri y anuló la sentencia contra él. Aduviri era uno de los portavoces de las comunidades indígenas ayamara durante la movilización del aymarazo, en 2011, que se produjo en Perú contra un proyecto minero de una gran empresa canadiense. La Corte Suprema dictaminó que el recurso de Aduviri estaba bien fundamentado y ordenó que el caso se volviera a iniciar desde cero en los tribunales regionales. Grupos locales e internacionales de la sociedad civil han estado siguiendo de cerca el caso debido a dos peligrosos precedentes jurídicos que podrían debilitar el movimiento por los derechos indígenas y en defensa del agua, la tierra y el territorio en Perú. Con la anulación de la sentencia, esos precedentes han quedado neutralizados. El caso de Walter Aduviri y el pueblo aymara es representativo de los ataques y las amenazas que enfrentan las comunidades que defienden sus recursos básicos en América Latina y otras regiones.

En octubre, un barco de rescate italiano partió hacia aguas de Libia, en un desafío directo al ministro del Interior, Matteo Salvini, perteneciente a la extrema derecha. Fue la primera embarcación no militar con bandera italiana que operó en el Mediterráneo desde que comenzó la crisis migratoria. A diferencia de los barcos de rescate gestionados por ONG humanitarias, que habían sido bloqueados en los últimos meses por el Gobierno italiano, el Mare Jonio enarbola una bandera italiana y cuenta principalmente con tripulación italiana. Por lo tanto, legalmente, no se le puede denegar la entrada a un puerto italiano, aunque el ministro del Interior todavía podría tomar medidas para evitar que las personas desembarquen. El barco fue adquirido y equipado por un grupo de políticos de izquierda, asociaciones antirracistas, intelectuales y personalidades del mundo de las artes, bajo la supervisión de dos ONG. Su misión, llamada Mediterranea, consiste "no solo en proporcionar ayuda humanitaria, sino en protestar contra las políticas tóxicas de Italia, Europa y los Estados Unidos".

En agosto, el concejo municipal de Baltimore hizo historia al votar por unanimidad la enmienda de su Carta Municipal con el din de fin de declarar el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado como un bien "inalienable." La enmienda también prohíbe la venta y el arrendamiento del sistema de agua y alcantarillado. Durante años, la privatización del agua fue un tema muy polémico en la ciudad de Baltimore, ya que varias empresas habían manifestado su interés en el sistema de agua del municipio. Tras el voto, el sistema de agua y alcantarillado se mantienen firmemente en manos públicas. En noviembre, los votantes del condado de Monterey, en California, también iniciaron una adquisición pública de su sistema de agua de California-American Water (Cal Am), una filial de la mayor empresa privada de agua del país. La Medida J, que se aprobó por un 56 % a favor frente a un 44 % en contra, autoriza que el distrito local de agua estudie la viabilidad de la titularidad pública y, en caso de que resulte factible, adquiera el sistema de agua de Cal Am. Los votantes concedieron al distrito de agua un mandato claro para alcanzar la propiedad pública del sistema de agua. Estas dos comunidades estadounidenses han dado un ejemplo de la importancia de agua como un bien común, que es "demasiado importante para dejar que esté controlado por empresas comerciales".

En octubre, el Tribunal Supremo de España confirmó que el exjefe del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, tendrá que cumplir una condena de cuatro años y medio de cárcel por el uso indebido de unas tarjetas de crédito cuando trabajaba en la entidad financiera estatal Bankia. Un colectivo de activistas se propuso llevar a la cárcel a Rato, uno de los banqueros más destacados de España, y a otros banqueros culpables, denunciándolos ante los tribunales por fraude, blanqueo de dinero y malversación. Rato también fue el responsable de una gran venta fraudulenta de acciones del banco. Otros 64 exejecutivos e integrantes de consejos de administración del sector bancario recibieron varias penas de la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de España, después de saberse que, entre 2003 y 2012, el grupo había derrochado un total de 12,5 millones de euros (14,2 millones de dólares) en gastos personales, que iban desde vacaciones y joyas hasta comidas en restaurantes de lujo. El caso demuestra que se puede lograr que los banqueros se sienten en el banquillo cuando la gente de a pie hace frente común y obliga al poder judicial a hacer su trabajo.

En octubre, el nuevo presidente mexicano, Andrés López Obrador, dio el paso audaz de anular los planes para construir un enorme proyecto aeroportuario al que se oponían grupos de activistas. La decisión se confirmó tras ser sometida a un referendo. En 2001, el presidente Vicente Fox anunció planes para construir lo que originalmente se concibió como un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, valorado en 2300 millones de dólares. El proyecto, además de contribuir a un gran aumento de las emisiones de las aerolíneas, se estaba construyendo sobre un antiguo lago, que también actúa como una reserva de agua para la región, aquejada por la sequía. El terreno tiene una importancia ecológica y social de gran calado. Las comunidades del lago de Texcoco se alzaron y dijeron 'no'. En octubre, consiguieron un apoyo abrumador: el 70 % en un referendo público organizado por el Gobierno entrante del presidente electo. La construcción del aeropuerto se canceló.